La legisladora Kirsten Gillibrand, del partido demócrata, ha presentado una iniciativa que busca impedir que el presidente de Estados Unidos, los integrantes del Congreso y sus respectivas parejas puedan crear o difundir criptoactivos mientras desempeñen funciones oficiales. La propuesta, enmarcada en las discusiones en torno a la ley Clarity, tiene como objetivo fortalecer los códigos de conducta y evitar que los servidores públicos obtengan ventajas económicas de un ámbito que ellos mismos regulan.
Reacción ante la polémica de las memecoins oficiales
Al dar a conocer la medida, Gillibrand señaló que los empleados gubernamentales no deberían lanzar monedas digitales, especialmente las llamadas memecoins, durante su gestión. La senadora afirmó que la acción se sustenta en un principio de claridad y confió en que contará con respaldo bipartidista. Aunque el documento no alude directamente a Donald Trump, la política reconoció que el detonante fue la controversia desatada por los tokens asociados al presidente y a su esposa Melania. A su juicio, este tipo de prácticas erosiona la credibilidad institucional y dificulta la aprobación de un marco normativo integral para el ecosistema cripto.
Cifras reveladoras y desplome del token presidencial
De acuerdo con la declaración financiera anual de Trump, un informe de 927 páginas publicado por la Oficina de Ética Gubernamental, los ingresos vinculados a operaciones con criptomonedas ascendieron a más de 1.400 millones de dólares en 2025. La mayor parte, unos 636 millones, provinieron de CIC Digital LLC, firma encargada de la licencia oficial de la memecoin TRUMP. No obstante, datos recientes indican que más de un millón de inversores sufrieron pérdidas cercanas a los 3.800 millones de dólares tras apostar por ese activo. En la actualidad, el token TRUMP se cotiza en torno a los 1,83 dólares, lo que supone una caída superior al 97% desde su máximo histórico de 73,43 dólares, alcanzado poco después de su debut en enero de 2025.
Obstáculos para la ley Clarity y el fantasma de los conflictos de interés
La propuesta se enmarca en un momento crucial para la ley Clarity, considerada uno de los proyectos normativos más ambiciosos para el sector cripto en Norteamérica. Sin embargo, su avance se ha visto frenado por discrepancias en torno a estándares éticos, la regulación de activos tokenizados y el tratamiento de las recompensas para emisores de stablecoins. Gillibrand expresó su deseo de que el Senado someta el texto a votación antes del receso de agosto, pero advirtió que será complicado conseguir los apoyos necesarios si no se abordan antes los potenciales conflictos de interés entre los funcionarios. “No podemos permitir que el conflicto de intereses arruine la oportunidad de reforzar la protección al consumidor, combatir las finanzas ilícitas y ampliar las oportunidades económicas para millones de estadounidenses que nuestro sistema financiero ha dejado de lado”, declaró.
Ecos del pasado y sombras sobre la propia senadora
El debate revive tensiones similares a las vividas durante la aprobación de la ley Genius en 2025, cuando se eliminaron del texto varias cláusulas relacionadas con los vínculos de Trump con la industria. La nueva propuesta tampoco contempla restricciones para otros familiares del presidente, por lo que actividades como las de sus hijos en proyectos como World Liberty Financial o American Bitcoin quedan fuera del alcance de la norma. Paralelamente, la iniciativa ha puesto el foco en el propio entorno de Gillibrand. En junio, la revista Fortune reveló que su hijo, Theodore Gillibrand, de 22 años, consiguió una financiación de 30 millones de dólares para su empresa American Perpetuals Exchange Corp., liderada por Lux Capital, alcanzando una valoración cercana a los 300 millones. La compañía planea solicitar autorización a la CFTC para ofrecer contratos de futuros perpetuos sobre acciones e índices. Ante las preguntas, la senadora ha insistido en que el negocio de su hijo es completamente independiente y que ella no tiene ninguna participación en sus operaciones, recordando además que siempre ha defendido límites para que los legisladores no negocien acciones mientras ejercen sus cargos.