La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos ha lanzado un período de comentarios públicos acerca de dos propuestas destinadas a regular a los emisores de stablecoins de pago que operen bajo supervisión, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley GENIUS. Esta iniciativa busca llenar el vacío regulatorio que persiste desde la promulgación de dicha legislación.

Primera propuesta: requisitos de respaldo y capital

El primer borrador normativo exige que los emisores mantengan un respaldo completo de sus monedas estables mediante activos de reserva, tales como bonos del Tesoro de corto plazo y otros instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo crediticio. Asimismo, se estandarizarían los requerimientos de capital para mitigar riesgos operativos y crediticios, y se fijarían pautas de gestión de riesgos.

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Segunda propuesta: proceso de solicitud para bancos

La segunda propuesta establece un procedimiento formal para que las entidades bancarias interesadas en emitir stablecoins de pago presenten una solicitud. Dicha solicitud deberá incluir un plan de negocios detallado e información financiera relevante. Además, se crea un mecanismo de apelación, audiencias y resoluciones finales para cada petición.

Plazos y antecedentes regulatorios

El período de recepción de comentarios se cerrará 60 días después de su publicación en el Registro Federal. Cabe recordar que, según reportó este medio en julio de 2026, las agencias estadounidenses no cumplieron con el plazo fijado por la Ley GENIUS para emitir normativas definitivas, a pesar de haber publicado borradores y recabado opiniones durante el año previo. La Ley GENIUS, promulgada por el presidente Donald Trump el 18 de julio de 2025, constituye el primer marco federal integral para las monedas estables en EE. UU.

Conclusión

Con estas dos propuestas, la Fed busca dotar de certeza jurídica al ecosistema de las stablecoins, equilibrando la innovación financiera con la protección de los inversores y la estabilidad del sistema. El resultado de esta consulta pública podría definir el rumbo regulatorio de un sector en plena expansión.

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