Las autoridades paraguayas intensifican su ofensiva contra la explotación ilegal de energía eléctrica destinada a la minería de criptomonedas. En menos de una semana, operativos conjuntos entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Policía Nacional y el Ministerio Público lograron desmantelar dos instalaciones no autorizadas en el departamento de Alto Paraná, incautando un total de 35 equipos ASIC.
Primer golpe en Ciudad del Este por denuncia de ruidos
El 12 de septiembre, efectivos de la Subcomisaría número 13 intervinieron una vivienda en el barrio Remansito, en Ciudad del Este, luego de recibir quejas vecinales por fuertes sonidos provenientes del inmueble. Al llegar, los agentes constataron un intenso zumbido y solicitaron la presencia de técnicos de la ANDE para verificar la instalación. El propietario autorizó voluntariamente el retiro de los dispositivos, lo que permitió la incautación de 25 máquinas dedicadas a la minería de criptodivisas. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.
Segundo operativo en Minga Guazú con multa millonaria
Cinco días después, el 17 de septiembre, un nuevo allanamiento se realizó en el kilómetro 19,5 Acaray, en el barrio María Auxiliadora de Minga Guazú. Bajo la dirección del fiscal Alcides Giménez, titular de la Unidad Penal número 9, los funcionarios de la ANDE detectaron una conexión directa sin medidor que alimentaba de electricidad a la instalación. Durante el procedimiento fueron decomisados 10 equipos ASIC, los cuales quedaron a disposición de la justicia. Como resultado, se impuso una penalización de 176.162.053 guaraníes (aproximadamente 30.000 dólares estadounidenses), que cubre los costos del operativo, la energía no facturada y la multa establecida en la Ley 966/64.
El Congreso exige transparencia a la ANDE
La reiteración de estos hallazgos ha generado inquietud en el ámbito legislativo. El 16 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución impulsado por el diputado Miguel Martínez, representante de Alto Paraná, que solicita a la ANDE informes detallados sobre el consumo eléctrico, el régimen tarifario y las tareas de fiscalización aplicadas a los centros de minería en todo el país. Martínez fundamentó su iniciativa en la preocupación por el alto uso de energía de estos emprendimientos, el posible daño económico y el impacto en la estabilidad del servicio. La resolución exige datos concretos sobre el volumen real de electricidad destinado a esta actividad y los ingresos que percibe la estatal mediante contratos formales. Además, pide precisiones sobre los controles a consumidores de alta demanda y los riesgos técnicos derivados de prácticas ilegales. Conforme a los plazos constitucionales, la ANDE dispone de quince días hábiles para entregar la documentación solicitada.
Estos operativos reflejan el esfuerzo de Paraguay por regular una actividad que, si bien es legal, con frecuencia opera al margen de la normativa eléctrica, afectando la red y las finanzas públicas. La combinación de acciones policiales y fiscales con un mayor escrutinio parlamentario apunta a disuadir futuras instalaciones clandestinas y a garantizar que la minería de criptomonedas se desarrolle dentro del marco legal.