El instituto emisor italiano, Banca d’Italia, ha impuesto a todas las empresas que prestan servicios con criptoactivos la obligación de incorporar filtros internos capaces de identificar movimientos de monedas digitales asociados a personas o entidades sancionadas. La medida, divulgada el lunes, busca contener el uso del ecosistema cripto para evadir las restricciones financieras impuestas por la Unión Europea.
Exigencia para los CASP
De acuerdo con el anuncio del banco central, los proveedores de servicios de criptoactivos (conocidos por sus siglas en inglés CASP) deben diseñar políticas y procedimientos internos que garanticen el cumplimiento de los regímenes de sanciones financieras comunitarias en cada operación con criptoactivos. La instrucción enfatiza la necesidad de contar con sistemas de identificación robustos para clientes y transacciones, de modo que se puedan aislar los vínculos con actores penalizados.
Esta directriz se enmarca en un escenario de endurecimiento global frente a las vías digitales que utilizan ciertos países para compensar las limitaciones económicas impuestas desde Occidente. Tanto entidades iraníes como rusas han recurrido a las criptomonedas con asiduidad creciente para sortear las restricciones, según la propia entidad italiana.
Un instrumento de evasión cada vez más usado
Los datos citados por plataformas especializadas refuerzan esta preocupación. La firma de seguridad blockchain CertiK detectó que la stablecoin A7A5, respaldada por el rublo ruso, acumuló unos 110.000 millones de dólares en volumen de transacciones entre febrero de 2025 y mayo de 2026, a pesar de encontrarse bajo el paraguas de penalizaciones occidentales. Este caso ilustra la capacidad de ciertos emisores para operar al margen de los controles tradicionales.
Por su parte, el banco central de Irán también habría flexibilizado sus regulaciones cambiarias con el objetivo de promover el uso de monedas digitales como el USDt (USDT) de Tether y Bitcoin (BTC) para abonar operaciones transfronterizas mediante exchanges locales. Con ello, las empresas persas podrían esquivar con mayor facilidad el cerco financiero internacional.
Respuesta estadounidense y datos reveladores
En Washington, la administración ha elevado la presión sobre estos canales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó el 14 de julio que las autoridades de Estados Unidos habían dispuesto el congelamiento de más de 130 millones de dólares en criptoactivos alojados en billeteras vinculadas con el banco central de Irán. Esa acción se suma a otras iniciativas orientadas a cortar el acceso de Teherán al sistema financiero digital.
En una línea similar, un informe de la firma TRM Labs divulgado en junio detectó flujos superiores a 3.800 millones de dólares entre el exchange CoinEx y entidades iraníes sancionadas durante más de siete años. Estos hallazgos confirman la magnitud del problema y justifican, al menos en parte, la nueva exigencia del supervisor italiano.
El endurecimiento regulatorio no se limita a Italia. En paralelo, las autoridades estadounidenses han congelado 344 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán, lo que evidencia una coordinación creciente entre distintos organismos para perseguir estos flujos ilícitos.
Implicaciones para el sector
Con esta orden, Banca d’Italia se adelanta a un marco comunitario que busca homogeneizar la vigilancia de los activos digitales en toda la UE. La medida impone a los CASP una cuota mayor de responsabilidad en la prevención del lavado de dinero y la financiación de actores internacionales bajo sanción.
El desafío operativo para las plataformas será considerable, ya que requerirá herramientas analíticas más finas, actualización permanente de listas de sancionados y una supervisión continua de las transacciones. No obstante, el mensaje del banco central es claro: el ecosistema cripto debe ser un aliado en la transparencia financiera y no un refugio para capitales ilícitos.