El Parlamento Europeo ha dado un paso firme para incorporar los activos digitales en el combate contra la corrupción. Los eurodiputados reclaman a Bruselas que tenga en cuenta los riesgos específicos de las criptomonedas en su próxima estrategia anticorrupción, prevista para finales de año.
La resolución no vinculante marca el camino
Durante la sesión celebrada el jueves, la cámara legislativa adoptó una declaración simbólica en la que detalla sus prioridades para el plan que prepara la Comisión Europea. Entre los puntos más destacados, los parlamentarios exigen que se aborden los peligros de lavado de dinero y soborno asociados a los criptoactivos, a las estructuras de titularidad poco transparentes y a las herramientas digitales emergentes.
El texto presentado por los legisladores no tiene fuerza obligatoria, pero sirve como hoja de ruta política. La iniciativa pretende complementar la directiva comunitaria contra la corrupción, que entró en vigor en mayo y que armoniza las definiciones de delitos y las sanciones mínimas en todos los estados miembros.
Recuperación de activos y transparencia institucional
Además de centrarse en el ecosistema cripto, los eurodiputados urgen a intensificar las labores de localización, bloqueo, incautación y restitución de bienes obtenidos ilícitamente. También piden reglas más severas en la contratación pública y las subvenciones, criterios comunes para gestionar los conflictos de intereses, una regulación más clara del cabildeo y estándares homogéneos para el financiamiento político.
La protección de quienes denuncian irregularidades y de los periodistas de investigación también aparece como una demanda central en la resolución. El Parlamento considera que estos actores son esenciales para destapar tramas corruptas que a menudo utilizan canales financieros opacos.
El calendario de Bruselas
La Comisión Europea tiene previsto adoptar formalmente su estrategia contra la corrupción a finales de 2026. Aunque el documento aprobado por el Parlamento no es vinculante, aumenta la presión sobre el órgano ejecutivo para que incluya una perspectiva sólida sobre los activos digitales y las nuevas tecnologías financieras en sus futuras propuestas normativas.
Con esta medida, la Unión Europea se posiciona a la vanguardia en el debate global sobre cómo regular las criptomonedas sin frenar la innovación, pero al mismo tiempo cerrar las vías que facilitan el ocultamiento de fondos ilícitos.