La Unión Europea intensifica su lucha contra el anonimato financiero al prohibir, a partir de julio de 2027, la intermediación de criptomonedas de privacidad y cuentas anónimas en plataformas reguladas. La medida, incluida en el Reglamento (UE) 2024/1624 contra el blanqueo de capitales, representa la mayor reforma en más de tres décadas en la prevención de actividades ilícitas dentro del bloque.
Nuevas restricciones para activos de privacidad
Los proveedores de servicios regulados, como exchanges y custodios, deberán eliminar de sus plataformas criptomonedas como Monero, Zcash o Dash. Además, no podrán ofrecer cuentas ni servicios que preserven el anonimato dentro del sistema financiero formal. Es importante destacar que la normativa no prohíbe la tenencia ni el intercambio entre particulares fuera del ámbito regulado, pero la exclusión del circuito oficial podría reducir su liquidez y adopción minorista.
El marco también refuerza la llamada “Travel Rule”, que obliga a transmitir información del originador y el receptor en transferencias que involucren intermediarios, e impone controles adicionales cuando se utilizan wallets de autocustodia. En paralelo, se establecen límites al uso de efectivo: pagos comerciales superiores a 10.000 euros requerirán justificación, y las transacciones desde 3.000 euros exigirán verificación de identidad.
Reacciones del sector y posibles consecuencias
El exlíder de desarrollo de Monero, Riccardo Spagni, calificó la medida como una prohibición de facto dentro del sistema regulado europeo. A su juicio, no hay evidencia de que estas restricciones reduzcan la actividad ilegal, ya que los usuarios pueden recurrir a software abierto, transacciones entre pares o jurisdicciones fuera del alcance de la UE. Spagni advierte que el resultado podría ser la migración de empresas y usuarios hacia entornos no regulados o fuera del bloque.
Por su parte, Vyara Savova, responsable de políticas en la Iniciativa Europea en Criptoactivos (EUCI), señaló que el marco regulatorio ya está definido y que los proveedores deben comenzar a adaptarse. No obstante, la EUCI alerta sobre el aumento de los costos de cumplimiento y el riesgo de arbitraje regulatorio, con compañías trasladando operaciones a otras regiones.
Aunque el uso de criptomonedas de privacidad entre particulares sigue siendo legal, su presencia en el sistema financiero institucional europeo será cada vez más limitada. La tendencia apunta a un modelo con mayor trazabilidad y supervisión, donde la privacidad se desplaza hacia canales descentralizados y transacciones directas.