Dos prominentes empresarios de Tailandia han presentado una querella contra Tether, el emisor de la stablecoin USDT, ante un tribunal federal de Nueva York. La acción legal gira en torno a la congelación de 42,4 millones de dólares en tokens USDT, realizada en octubre de 2025, que los demandantes consideran ilegal y sin el respaldo de una orden judicial en ese momento. El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre un esquema fraudulento de inversiones conocido como 'pig butchering', que asciende a 61 millones de dólares.
El origen de la disputa legal
Según la documentación presentada el lunes, los demandantes alegan que Tether actuó de manera arbitraria al bloquear los fondos tras una solicitud informal de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No fue sino hasta febrero de 2026 cuando las autoridades del Distrito Este de Carolina del Norte emitieron una orden de incautación formal, la cual disponía la quema y reemisión de los tokens a una cartera gubernamental. Los empresarios no niegan haber participado en la estafa, pero sostienen que Tether carecía de autoridad para congelar los activos en ese momento.
Argumentos de los demandantes
La demanda pone a prueba los límites del poder de los emisores de stablecoins para intervenir en transacciones. Los afectados exigen que se descongelen los fondos y se les compense con daños punitivos. La abogada Ariel Givner, especializada en derecho corporativo, señaló en redes sociales que la querella no contradice la afirmación gubernamental de que los tokens provienen de un fraude, sino que critica que Tether bloqueó a los tenedores secundarios, continuó obteniendo rendimientos de las reservas del Tesoro y solo después recibió una orden judicial que, según los demandantes, no autoriza a un emisor privado a congelar o destruir tokens.
Implicaciones para el ecosistema cripto
Este litigio podría sentar un precedente sobre la responsabilidad y el margen de acción de las empresas de stablecoins frente a solicitudes de autoridades sin orden judicial. En un caso separado, en febrero de 2026, un tribunal estadounidense condenó a 20 años de prisión a un ciudadano con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves por orquestar una estafa similar de 73 millones de dólares. El caso de los empresarios tailandeses refleja la creciente tensión entre la regulación financiera, la protección de víctimas de fraudes y los derechos de los tenedores de criptoactivos en el mercado secundario.
El desenlace de esta demanda será observado de cerca por la industria, ya que podría definir los límites de la intervención unilateral de los emisores de stablecoins y la necesidad de órdenes judiciales previas para cualquier acción de congelamiento.