El pasado 16 de septiembre de 2026, el comité de la Cámara de Representantes responsable de los servicios financieros dio luz verde con 28 sufragios a favor y 21 en contra al proyecto de ley H.R. 8957, el cual pretende dar rango legal a la reserva estratégica de bitcóin impulsada por Donald Trump mediante decreto en 2025. La iniciativa, sin embargo, aún debe superar otros trámites parlamentarios antes de convertirse en ley.
Dos jornadas después, Faryar Shirzad, máximo responsable de políticas en Coinbase, confirmó que la compañía sostiene encuentros activos con los departamentos del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos para abordar los pormenores de su puesta en marcha. Esta revelación se produce en un clima de incertidumbre regulatoria, tras el rechazo en el Senado de la Ley Clarity, otra pieza legislativa que el sector seguía con atención para definir reglas claras en el mercado.
Dos frentes legislativos en paralelo
Mientras la Ley Clarity quedó temporalmente estancada en la cámara alta, el H.R. 8957 avanza en la Cámara Baja, aunque con un enfoque más restringido. Es esencial diferenciar ambos instrumentos: la orden ejecutiva que estableció la reserva en marzo de 2025 puede ser revocada por un futuro mandatario, mientras que una ley del Congreso tendría mayor solidez y solo podría modificarse mediante otra norma similar.
El texto aprobado no autoriza la compra directa de bitcóin con fondos públicos. En su lugar, obliga al Tesoro y al Departamento de Comercio a evaluar, en un plazo de 180 días, métodos que no afecten el presupuesto estatal, como la conversión de otros activos digitales decomisados. La reserva continuaría nutriéndose principalmente de incautaciones judiciales.
El control operativo sigue en disputa
Desde la firma del decreto, ambas carteras ministeriales se han disputado la custodia de los fondos. Un informe de Bloomberg de julio señalaba que ninguna de las dos entidades tenía claridad legal sobre quién debería asumir esa responsabilidad. En este contexto, la declaración de Shirzad, difundida el 18 de septiembre, fue puntual: la reserva es un tema prioritario en las conversaciones con ambos departamentos, aunque no se dieron plazos ni resultados concretos.
El ejecutivo también aprovechó la entrevista para explicar el fracaso de la Ley Clarity, atribuyéndolo a la fuerte oposición de la banca tradicional y a la decisión de varios demócratas de no respaldar una iniciativa asociada a Trump en vísperas de los comicios legislativos.
Avances regulatorios y tenencias actuales
A pesar del revés en el Senado, la SEC y la CFTC han seguido avanzando por su cuenta: la primera estableció una exención de cinco años para la negociación de acciones tokenizadas, mientras que la segunda emitió una guía de no acción para plataformas que conectan a usuarios con exchanges regulados. Según datos de Arkham Intelligence, el gobierno estadounidense posee actualmente 324.527 BTC, valorados en aproximadamente 26.980 millones de dólares, una cifra que estará en juego mientras se define el reparto de funciones.
En conclusión, aunque la iniciativa legislativa avanza, la falta de definición sobre la custodia y la oposición política siguen siendo los principales escollos. La comunidad cripto observa con atención los próximos pasos, consciente de que el desenlace podría sentar un precedente clave para la adopción institucional de bitcóin en el país.