La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile ha dado de baja oficialmente la inscripción de Inversiones Plusservice Spa, conocida en el ámbito comercial como Plusspay. Esta firma, dedicada a facilitar transacciones con activos digitales, perdió su permiso para operar legalmente en medio de una pesquisa judicial que la relaciona con redes transnacionales de crimen organizado.
Incumplimiento normativo
De acuerdo con la resolución exenta del consejo de la CMF, la compañía no presentó a tiempo la documentación y los datos actualizados que exige la Norma de Carácter General (NCG) N°502. Además, superó el límite de 12 meses estipulado en el artículo 13 de la Ley Fintech para cumplir plenamente con las nuevas regulaciones del país. Al cancelarse su registro, Plusspay pierde la habilitación provisional y ya no puede realizar legalmente ninguna actividad financiera contemplada en la Ley N° 21.521.
La medida del supervisor no afectó solo a esta empresa. También se retiraron del registro a otras entidades tecnológicas como luinvest SpA y Pixeltec SpA, así como a 14 personas y firmas de asesoría de inversión. Todos fueron inhabilitados por no entregar informes obligatorios dentro de los plazos legales.
Presuntos lazos con el Tren de Aragua
Más allá del ámbito administrativo, el caso cobró relevancia pública tras revelarse supuestos vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Reportes locales, publicados inicialmente por El Mostrador, relacionaron a la firma y a su dueño, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, con personas detenidas en la llamada «Operación Tokio».
A los implicados en ese proceso judicial se les acusa de lavar alrededor de 77.000 millones de pesos chilenos (unos 84 millones de dólares) en criptomonedas entre 2022 y 2025, según informó CriptoNoticias. El esquema, según los expedientes, consistía en recibir transferencias en pesos chilenos y convertirlas en stablecoins como USDT y USDC.
Mediante una red de empresas relacionadas —BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA, esta última con vínculos en Miami— la organización lograba integrar los fondos en el sistema bancario chileno y ocultar el origen del dinero.
Debate sobre la supervisión
Este suceso abre un intenso debate sobre la fiscalización de los activos digitales en Sudamérica. La Ley Fintech chilena establece un proceso de dos fases: primero, un registro genérico y legal; segundo, una autorización definitiva basada en un análisis operativo exhaustivo. Según la CMF, se recibieron 445 solicitudes de inscripción bajo este marco, reflejando el crecimiento del sector.
La controversia se centra en la «habilitación transitoria», un mecanismo que permitía a plataformas bajo sospecha operar con el respaldo formal de estar registradas antes de pasar una auditoría profunda. Por su parte, Plusspay niega cualquier vínculo con el crimen organizado y atribuye la cancelación a un retraso burocrático en la entrega de documentos.
Con la exclusión de Plusspay y otras firmas, la CMF demuestra que los requisitos de transparencia y entrega de información son un filtro clave para la seguridad del mercado, especialmente en un contexto de alta sensibilidad por el lavado de dinero con activos digitales.