Esta semana, el ámbito judicial de las criptomonedas ha sido escenario de múltiples movimientos significativos. Desde sanciones regulatorias contra exdirectivos de FTX y Alameda Research hasta la oposición del gobierno estadounidense a un militar acusado de usar información privilegiada en Polymarket, pasando por la revelación de una acusación formal por un presunto fraude millonario. A continuación, desglosamos los casos más relevantes.
Prohibiciones de cinco años para ejecutivos de FTX y Alameda
El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha formalizado las órdenes de consentimiento contra Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX. Estas medidas, impulsadas por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), les imponen una prohibición de operar en los mercados de futuros durante un lustro, como consecuencia de su implicación en el colapso del exchange. Asimismo, Ellison deberá enfrentar una inhabilitación de registro por una década, mientras que Wang recibió una sanción de ocho años. David Miller, jefe de cumplimiento de la CFTC, destacó que estas sanciones reflejan la "colaboración sustancial" de ambos en las pesquisas del regulador relacionadas con FTX. Es importante señalar que este proceso civil es independiente de las causas penales por malversación de fondos de clientes, donde Ellison fue condenada a dos años de prisión y Wang a una pena que se considera cumplida.
El gobierno de EE. UU. se opone al militar que apostó en Polymarket
Los fiscales del SDNY han presentado su oposición a la moción de desestimación presentada por Gannon Ken Van Dyke, un soldado estadounidense que, según las autoridades, obtuvo más de 400.000 dólares mediante contratos de eventos en Polymarket, utilizando datos confidenciales. Van Dyke estaría vinculado a la operación militar que destituyó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. En su escrito de julio, el militar argumentaba que la Ley de Intercambio de Productos Básicos era "ambigua" al clasificar los contratos de eventos como "swaps" bajo la jurisdicción de la CFTC. No obstante, el gobierno sostiene que Van Dyke "plantea hipótesis y casos extremos" que no son necesarios para que el proceso avance. El fiscal Sean Buckley afirmó que la moción busca "una determinación fáctica impropia en esta etapa", basándose en "afirmaciones especulativas". Hasta el cierre de la semana, el tribunal no ha emitido una resolución al respecto.
Acusación formal de 25 cargos por un esquema Ponzi de 165 millones de dólares
Un juez de Georgia ha hecho pública una acusación formal contra Edward Zimbardi, quien presuntamente orquestó un fraude piramidal de criptomonedas por 165 millones de dólares. Zimbardi, deportado desde Fiyi tras huir de la justicia, enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, uno de conspiración para lavado de dinero y 11 de lavado de dinero mediante transacciones, cometidos entre 2022 y 2023. La jueza Anna Howard ordenó la revelación del documento, que detalla cómo el acusado "engañó a miles de personas para que invirtieran en su 'Programa de Criptomonedas' con promesas de rendimientos fabulosos". Además, las autoridades buscan la confiscación de las ganancias ilícitas, incluyendo una variedad de criptoactivos ya incautados por autoridades neerlandesas en 2024, valorados en aproximadamente 6 millones de dólares: 11,87 BTC, 2,15 ETH, 713 millones de SHIB, 47.110 USDT, 12.095 USDT0, 3,3 millones de XRP, 1.095 DOGE, 10,2 millones de Osaka Protocol y 11,97 POL. Este caso ejemplifica la creciente sofisticación de los fraudes en el ecosistema digital.
Conclusión
La semana judicial en el mundo cripto ha dejado claras señales de que los reguladores y fiscales estadounidenses intensifican su vigilancia tanto sobre grandes exchanges como sobre actores individuales. Las sanciones a exdirectivos de FTX, el pulso legal con un operador de Polymarket y la exposición de un presunto esquema Ponzi millonario subrayan la determinación de las autoridades por aplicar la ley en un sector que aún busca consolidar su marco normativo.