En el quincuagésimo episodio del pódcast Separando el Dinero y el Estado, el letrado madrileño Javier Maestre, con tres décadas de trayectoria en derecho tecnológico, plantea que Bitcoin no redefine el concepto de propiedad, sino que constituye una modalidad inédita de bien. A diferencia de la propiedad tradicional, esta no requiere de intermediarios ni para su definición –las normas están inscritas en el código– ni para su resguardo. Maestre contrasta este modelo con la propiedad vigente en España, que describe, junto al economista Miguel Anxo Bastos, como un mero usufructo condicionado por la llamada “función social”. Cuando la conductora del programa, Iván, parafrasea esa idea como “si el Estado lo necesita, se lo queda”, el abogado responde con el concepto venezolano del “expropíese”.
Una corriente jurídica minimalista
La tesis de fondo de Maestre es de corte minimalista: el derecho debe adaptarse a la realidad, no existen vacíos legales insalvables, y la “elefantiasis” legislativa que arrastra Europa –cuyo origen sitúa en la Revolución Francesa– ha ido socavando instituciones que se fueron refinando durante siglos. En su opinión, la proliferación normativa erosiona la seguridad jurídica y atenta contra la costumbre y los principios generales del derecho, fuentes del ordenamiento recogidas en el artículo 1 del Código Civil.
Contexto y datos relevantes del episodio
La entrevista se grabó pocos días después del evento Watch Out, Bitcoin! en Madrid, donde Maestre coordinó un panel que contó con la intervención del inspector de policía Eduardo Alonso. Este fue designado por el propio cuerpo policial a petición del abogado. Maestre ejerce la abogacía desde 1995-1996 y está colegiado en Madrid desde enero de 1996. Su primer escrito sobre Bitcoin data aproximadamente de 2014.
Durante la conversación se mencionaron varios hitos jurídicos y normativos. Por ejemplo, el informe Draghi sobre competitividad europea (septiembre de 2024) ya criticaba el exceso regulatorio. También se recordó que las Partidas de Alfonso X limitaban la propiedad “segund Dios e segund fuero”, mientras que la Constitución actual la condiciona a su función social (artículo 33).
Maestre relató que llevó uno de los primeros casos de estafa con Bitcoin que llegó al Tribunal Supremo: un supuesto sistema de trading de alta frecuencia que en realidad era una pirámide. En cuanto al caso Coldcard, la firma Galaxy Research confirmó al menos 1.778,84 BTC sustraídos, y estima que la cifra podría ascender a 2.417 BTC. Según el letrado, las víctimas residentes en España podrían demandar a Coinkite por producto defectuoso.
Fugas de datos y registros excesivos
Otro tema abordado fue la brecha de seguridad en la Hacienda francesa (DGFiP), que en 2026 confirmó la exposición de datos de aproximadamente 678.000 personas y empresas. Una empleada del fisco galo, Ghalia C., permanece detenida desde el 30 de junio de 2025 acusada de vender información de inversores cripto a redes criminales. Además, se señaló que el registro de viajeros en hoteles pasó de unos 6 datos durante el franquismo a entre 20 y 30 en la actualidad. La primera regulación de contenidos en internet en Estados Unidos fue la Communications Decency Act de 1996, justificada en la protección de menores. Por último, Maestre destacó que el prospecto del ETF de BlackRock deja en manos del patrocinador la decisión sobre qué cadena es Bitcoin tras un hard fork.
Conclusión
La intervención de Javier Maestre ofrece una perspectiva crítica sobre el rumbo legislativo actual, especialmente en el ámbito europeo, y defiende que Bitcoin representa una propiedad autosuficiente que desafía las estructuras tradicionales de intermediación. Con su experiencia en casos de estafa y su conocimiento de la normativa, el abogado madrileño aboga por una simplificación normativa que devuelva el protagonismo a la realidad social y tecnológica.