El gobierno argentino ha formalizado su adhesión al Marco de Reporte sobre Criptoactivos (CARF), un estándar global diseñado para facilitar el intercambio automático de información tributaria entre países. Según lo anunciado, el país comenzará a compartir estos datos con otras jurisdicciones a más tardar en septiembre de 2029, sumándose así a un grupo de 77 naciones que ya han asumido compromisos similares bajo el impulso de la OCDE y el G20.
¿Qué implica el compromiso con el CARF?
Este acuerdo no supone la creación inmediata de un nuevo tributo ni modifica las obligaciones fiscales existentes en el corto plazo. Antes de que el intercambio de información se active, Argentina deberá adaptar su marco legal para incorporar los lineamientos del CARF, designar a la autoridad responsable de gestionar estos reportes y definir las responsabilidades específicas que recaerán sobre los intermediarios del ecosistema cripto.
El foco principal del estándar está puesto en los proveedores de servicios de activos digitales, tales como exchanges, plataformas de trading y otros operadores que ejecutan transacciones por cuenta de terceros. Estas entidades tendrán la obligación de identificar a sus usuarios y recopilar datos detallados sobre las operaciones realizadas.
Datos que se compartirán y su impacto en los usuarios
Entre la información que se prevé intercambiar figuran elementos básicos de identificación como nombre completo, domicilio, país de residencia fiscal y número de identificación tributaria. Además, se incluirán registros de transacciones, especificando montos de compras, ventas y transferencias, desglosados por tipo de criptoactivo.
Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este mecanismo representa una herramienta clave para detectar posibles discrepancias entre lo declarado por los contribuyentes y los movimientos realizados en el exterior. Sin embargo, es importante aclarar que la simple implementación del CARF no implica que los usuarios deban abonar impuestos adicionales de manera automática; el estándar se limita a facilitar el intercambio de datos, sin determinar la existencia de deudas tributarias ni calcular ganancias individuales.
Autocustodia y alcance del reporte
En cuanto a quienes optan por mantener sus activos en billeteras autocustodiadas, el CARF no obliga a reportar directamente los saldos de estas wallets. No obstante, cualquier movimiento que involucre a un exchange u otro proveedor sujeto al estándar podría quedar registrado y ser susceptible de ser comunicado a las autoridades fiscales.
El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información será el organismo encargado de supervisar el proceso de implementación en Argentina y brindará asistencia técnica durante las distintas etapas. Hasta el momento, no se ha especificado públicamente cuál será el primer período anual de información que quedará alcanzado por este esquema.
Una tendencia global hacia la transparencia fiscal
La decisión de Argentina refleja una tendencia creciente a nivel internacional por aumentar la supervisión sobre las operaciones con criptoactivos. A medida que más países adopten estándares como el CARF, se espera que el intercambio de información tributaria se convierta en una práctica habitual, lo que podría tener implicaciones significativas para la planificación fiscal de los inversores en el mediano plazo.