La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una iniciativa destinada a relajar las normativas que rigen la custodia de criptoactivos por parte de asesores de inversión y fondos. Esta medida busca eliminar una barrera regulatoria que ha impedido a muchas firmas ofrecer activos digitales a sus clientes, según anunció el regulador el jueves 2 de octubre de 2026.
Un mercado en crecimiento exige actualización normativa
El presidente de la SEC, Paul Atkins, señaló que el ecosistema de los criptoactivos ha evolucionado desde un fenómeno marginal hasta convertirse en una clase de activos valorada en varios billones de dólares, a la que los inversores buscan acceder cada vez más. Sin embargo, las reglas vigentes no han seguido ese ritmo, lo que ha generado trabas prácticas para los asesores que desean incluir estos productos en sus carteras. La propuesta aborda específicamente la dificultad de encontrar un custodio cualificado para ciertos tokens, una limitación que ha restringido las opciones de inversión ofrecidas a los clientes.
Autocustodia con salvaguardas estrictas
Según el borrador normativo, los asesores podrían custodiar por sí mismos los criptoactivos de sus clientes siempre que demuestren que no existe un custodio autorizado disponible para cada activo. Esta condición deberá reevaluarse trimestralmente, y si aparece un custodio elegible, los activos deberán transferirse en el plazo más breve posible. La autocustodia implicaría la implementación de medidas de seguridad robustas para las claves privadas, protocolos de ciberseguridad y la separación de los fondos de cada cliente. Además, cualquier transferencia requeriría la aprobación de al menos dos personas autorizadas.
El comisionado Mark Uyeda destacó que esta modalidad reconoce un conflicto de intereses inherente, por lo que las obligaciones fiduciarias de los asesores seguirán aplicándose plenamente. Asimismo, los fondos regulados podrían mantener criptoactivos en autocustodia bajo la supervisión de su asesor, siempre que este cumpla con los requisitos establecidos y el consejo del fondo vigile el acuerdo.
Empresas fiduciarias estatales como alternativa
La propuesta también abre la puerta a que las empresas fiduciarias estatales actúen como custodios de criptoactivos. Estas entidades, autorizadas por un estado para gestionar activos de terceros, deberán cumplir condiciones específicas: estar habilitadas por la autoridad estatal correspondiente para prestar servicios de custodia de criptoactivos, contar con procedimientos razonables para proteger los activos frente a pérdidas o robos, presentar estados financieros auditados e informes de controles internos, y garantizar la separación de los activos de los clientes de los propios.
El paquete normativo incluye además cambios en los requisitos de auditoría, mantenimiento de registros y divulgación. La SEC abrirá un período de comentarios públicos de 60 días una vez que la propuesta se publique en el Registro Federal.
Contexto regulatorio más amplio
Esta iniciativa se suma a los esfuerzos conjuntos de la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) por establecer reglas más claras para los criptoactivos dentro de sus competencias actuales. Esto ocurre después de que la Ley CLARITY no avanzara en el Senado el mes pasado. La CFTC ha remitido una propuesta para el mercado de criptoactivos a la Casa Blanca, mientras que la SEC ha habilitado una vía para la negociación de acciones tokenizadas.
La comisionada Hester Peirce comparó la incertidumbre regulatoria previa con una «montaña rusa» y señaló que los asesores habían estado soportando la espera con dificultad. La Digital Chamber, por su parte, había alertado en mayo de 2025 sobre la falta de custodios cualificados, lo que llevó a algunos asesores a rechazar asignaciones de tokens o a solicitar que las empresas de su cartera los conservaran hasta contar con custodia disponible.
En resumen, la propuesta de la SEC representa un paso significativo hacia una regulación más adaptada a la realidad del mercado de criptoactivos, aunque aún deberá superar el proceso de comentarios públicos y posibles ajustes antes de su implementación definitiva.