Un colectivo de bancos comunitarios ha interpuesto una demanda contra la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el regulador bancario estadounidense, argumentando que su decisión de conceder licencias fiduciarias nacionales limitadas a compañías de criptomonedas sobrepasa los límites de la autoridad delegada por el Congreso. La acción legal, presentada el viernes ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, busca frenar lo que consideran una puerta trasera regulatoria.
Argumentos de la demanda
La Asociación Independiente de Banqueros Comunitarios de América (ICBA) encabeza el litigio, afirmando que la OCC ha otorgado a las empresas digitales la legitimidad de una licencia bancaria federal sin las correspondientes salvaguardas ni el cumplimiento de los estándares bancarios tradicionales. En un comunicado oficial, la presidenta ejecutiva de la ICBA, Rebeca Romero Rainey, señaló que esta medida excede el mandato que el Congreso confirió a la agencia. «El Legislativo no diseñó la licencia fiduciaria nacional como un atajo hacia el sistema financiero para firmas de activos digitales que buscan la credibilidad de una autorización federal, sin las obligaciones de la Ley de Reinversión Comunitaria, la fiscalización consolidada, los requisitos de capital y liquidez, ni el seguro de la FDIC que recaen sobre las instituciones aseguradas de depósitos», declaró.
La ICBA insta al tribunal a devolver a la OCC a los límites establecidos por ley. Hasta el momento de esta publicación, la OCC no había emitido respuesta a la solicitud de comentarios sobre la demanda.
Contexto regulatorio
En agosto, Cointelegraph informó que, bajo la administración del presidente Donald Trump y el titular de la OCC, Jonathan Gould, el organismo había aprobado o aprobado condicionalmente múltiples solicitudes de empresas cripto para obtener autorizaciones fiduciarias que ampliaran sus operaciones en Estados Unidos. No obstante, estas licencias no permiten a las compañías aceptar depósitos del público ni conceder créditos, diferenciándose de los bancos comerciales convencionales.
La demanda refleja la creciente tensión entre la innovación financiera y la regulación tradicional, mientras las entidades comunitarias buscan cerrar lo que consideran una vía de acceso no regulada al sistema bancario estadounidense.