La nación centroamericana ha vuelto a captar la atención del ecosistema cripto tras registrar un aumento de sus tenencias en bitcoin durante los primeros días de octubre de 2026. Según los registros oficiales, el país habría sumado 7 BTC a sus arcas entre el 1 y el 7 de octubre, elevando su saldo total a 7.798 unidades de la criptomoneda reina. Este movimiento se produce en medio de las tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo crediticio vigente.
Reservas en crecimiento y dudas sobre su origen
De acuerdo con la información publicada por la Oficina Nacional del Bitcoin, las tenencias actuales superan los USD 640 millones según la cotización del momento. No obstante, los reportes oficiales no detallan si estas unidades adicionales fueron adquiridas con recursos del erario, recibidas como obsequio de terceros o transferidas entre billeteras controladas por el propio Estado.
La distinción no es un mero tecnicismo. El acuerdo crediticio sellado con el Fondo Monetario Internacional en febrero de 2025, por un total de USD 1.400 millones y un plazo de 40 meses, establece que el Gobierno únicamente puede acumular bitcoins provenientes de donaciones debidamente documentadas. Además, le exige reducir su participación en actividades económicas ligadas a esta criptomoneda.
En ese sentido, la falta de claridad sobre el origen de los 7 BTC recientemente añadidos abre interrogantes sobre si el país está cumpliendo con las condiciones del FMI o si, por el contrario, hay un desajuste en la implementación del acuerdo. La opacidad en los registros impide confirmar si se trata de compras directas, transferencias internas o aportes de terceros.
El portal especializado Ámbito preguntó a la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador si la compra se realizó con fondos públicos, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición. La entidad no se ha pronunciado sobre el origen de las nuevas unidades.
El 1 de octubre de 2026, el FMI dio luz verde a la segunda y tercera revisión del acuerdo, habilitando un desembolso de aproximadamente USD 138 millones. En ese marco, el organismo reconoció que El Salvador incurrió en incumplimientos de ciertos criterios, pero otorgó una exención relacionada con las tenencias públicas de bitcoin, condicionada a la implementación de medidas correctivas.
El país centroamericano ha mantenido un ritmo de acumulación constante durante las últimas semanas, aunque el origen de los fondos no ha sido esclarecido. La Oficina Nacional del Bitcoin actualizó el saldo a 7.798 BTC, equivalente a más de USD 640 millones, una cifra que sigue generando debate sobre la transparencia de la estrategia gubernamental.
Las especulaciones sobre movimientos internos entre billeteras estatales, donaciones privadas o compras directas no tienen confirmación oficial por parte de la administración Bukele.
Los datos publicados por la Oficina Nacional del Bitcoin no especifican si las nuevas unidades fueron adquiridas en el mercado, recibidas como donación o transferidas desde otras direcciones controladas por el Estado. Esta falta de transparencia impide conocer el verdadero alcance de la acumulación y su impacto en las finanzas públicas.
Ante la consulta de CriptoNoticias, la Oficina Nacional del Bitcoin no respondió de inmediato. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento público por parte del Gobierno de El Salvador o del presidente Nayib Bukele sobre el reciente incremento de las reservas.
La situación refleja la tensión entre la política de bitcoin de Bukele y los compromisos adquiridos con el FMI. El país centroamericano se ha convertido en un caso de estudio sobre la adopción soberana de criptomonedas, al mismo tiempo que busca mantener un delicado equilibrio con los organismos```json {