El secuestro de un empresario estadounidense en Costa Rica en 2018, que terminó con su muerte, ha tenido un nuevo capítulo judicial. Ocho años después, dos individuos fueron sentenciados por su participación en el lavado de los fondos en bitcoin (BTC) que la familia de la víctima pagó como rescate, según informó el Poder Judicial.
Un pago que no logró salvar una vida
William Sean Creighton Kopko, dueño de la casa de apuestas 5Dimes, fue interceptado la noche del 24 de septiembre de 2018 por dos oficiales de Tránsito que, según la investigación, estaban coludidos con la banda criminal que lo secuestró. Durante el cautiverio, la familia recibió múltiples demandas económicas y finalmente transfirió alrededor de 148 BTC, equivalentes a cerca de USD 1 millón en ese momento, con la esperanza de asegurar su liberación. Sin embargo, el empresario falleció por asfixia en las primeras 48 horas del secuestro.
La ruta de los fondos y las condenas
El rastreo de esos activos digitales llevó a las autoridades a identificar a los ahora condenados. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la sentencia 506-2026 del 17 de septiembre de 2026, impuso 12 años de prisión a los hombres de apellidos Morales Vega y Molina Ávila por el delito de legitimación de capitales. Según el informe judicial, ambos actuaron en coordinación con otros ya sentenciados y recibieron parte de los BTC en carteras digitales bajo su control, con el objetivo de ocultar y encubrir el origen ilícito de esos fondos.
Antecedentes y contexto
Esta nueva condena se suma a las dictadas en mayo de 2022 contra otros miembros de la organización criminal, quienes fueron hallados culpables de secuestro extorsivo con resultado de muerte, asociación ilícita y robo agravado. El caso ha sido un ejemplo de cómo las criptomonedas, a pesar de su naturaleza seudónima, pueden ser rastreadas y utilizadas como evidencia en procesos judiciales, aunque persistan desafíos en la recuperación de los activos.
Conclusión
La resolución judicial en Costa Rica subraya el esfuerzo de las autoridades por perseguir el lavado de activos vinculado a criptomonedas, aunque la víctima ya no pueda ser recuperada. Este caso también evidencia la creciente importancia de la trazabilidad en el ecosistema cripto y la necesidad de que los inversores y usuarios comprendan los riesgos legales asociados a estos activos.