La presión regulatoria sobre Binance se intensifica en varios frentes. Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) examina si el exchange cumplió con los términos de su acuerdo penal pactado en noviembre de 2023, organismos de control latinoamericanos también han puesto la mira sobre sus operaciones en la región.
Confiscación millonaria y operaciones señaladas
La investigación federal en territorio estadounidense cobró fuerza después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara el decomiso de 61 millones de dólares en criptoactivos. Según la denuncia, esos fondos estarían vinculados a ventas ilegales de crudo iraní cuyas ganancias habrían ingresado al circuito financiero a través de cuentas abiertas en Binance.
A ese pedido se suma un informe interno de la propia plataforma que detectó movimientos por 850 millones de dólares asociados al financista iraní Babak Zanjani. De ese total, al menos 67 millones de dólares habrían terminado en monederos digitales controlados por la Guardia Revolucionaria de Irán.
El acuerdo de 2023 y la postura del DOJ
Binance llegó a un entendimiento con la justicia estadounidense en 2023 que incluyó el desembolso de 4.300 millones de dólares y la designación de un supervisor externo especializado en prevención de lavado de dinero. Ahora, el jefe de la división criminal del DOJ, Tysen Duva, confirmó que se está revisando el expediente, aunque aclaró que hasta el momento no se ha establecido ninguna trasgresión del convenio por parte de la compañía.
De todas formas, si los investigadores determinan que Binance incumplió lo pactado, el DOJ podría reabrir los cargos penales originales contra la firma y sumar castigos económicos adicionales.
Presión política en Washington
El caso también despertó el interés de legisladores estadounidenses. Senadores como Chris Van Hollen y Elizabeth Warren enviaron cartas al DOJ reclamando medidas enérgicas contra el exchange. En su misiva, los políticos demócratas subrayaron que Binance tiene un historial de anteponer sus ganancias al cumplimiento de la ley y que los recientes reportes generan inquietud sobre una posible reincidencia en la violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Además, los congresistas mencionaron los vínculos comerciales de Binance con World Liberty Financial, un proyecto relacionado con la familia del presidente Donald Trump, quien en octubre de 2025 indultó al fundador de la empresa, Changpeng Zhao.
La firma, por su parte, rechazó las acusaciones sobre una supuesta negligencia en sus operaciones mundiales y afirmó que sigue mejorando sus sistemas de control y que mantiene su disposición a colaborar con las autoridades. Duva también reconoció que el intercambio ha ayudado en pesquisas contra fraudes y delitos cibernéticos dentro del ecosistema de activos digitales.
Nuevas exigencias operativas en Brasil
En paralelo al proceso judicial estadounidense, Binance está adaptando sus políticas en América Latina para cumplir con los marcos legales vigentes. Desde el 1 de noviembre de 2026, la plataforma exigirá a los usuarios brasileños que informen el propósito y la identidad de remitentes o destinatarios en cada depósito o retiro internacional de criptomonedas.
Esta exigencia responde a la Resolución 521/2025 del Banco Central de Brasil, que incorporó las transferencias de activos virtuales al régimen cambiario del país. Para operaciones con contrapartes que no estén habilitadas en el mercado cambiario brasileño, Binance estableció un tope de 100.000 dólares por transacción y la entrega de reportes mensuales de fiscalización al ente regulador.
Una señal para la regulación global
El DOJ aún no ha fijado un plazo para cerrar su revisión ni ha presentado cargos adicionales contra Binance o sus directivos. El desenlace de las investigaciones en Washington y la aplicación de estos controles en plazas clave como Brasil marcarán el rumbo de los estándares de cumplimiento para los intercambios criptográficos internacionales en la región.