Paraguay posee represas hidroeléctricas que podrían suministrar electricidad a media Sudamérica, y sus operaciones de criptominería representan casi el 4% de la potencia de cómputo global de Bitcoin. Argentina alberga en Vaca Muerta uno de los depósitos de gas no convencional más grandes del planeta. Brasil desperdicia energía eólica que las líneas de transmisión no pueden transportar. Bolivia y Venezuela acumulan gas quemado y electricidad hidráulica no utilizada por valor de miles de millones de dólares. Sin embargo, el obstáculo no reside en las riquezas geológicas de cada nación, sino en quién decide a quién venderla. De este modo, el factor que determina el mapa de la minería de Bitcoin en estos países latinoamericanos es de naturaleza regulatoria, no geológica.
Paraguay: minería sí, minería no, según el Gobierno
El caso paraguayo ilustra esta disyuntiva. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha fijado el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para los contratos con los mineros, a pesar de que estos aportan aproximadamente el 60% de los ingresos por venta de excedentes eléctricos. El Ejecutivo evalúa redirigir esos megavatios hacia la inteligencia artificial (IA), que promete mayores beneficios económicos y más empleo. No obstante, cortar el suministro a los mineros no es gratuito: parte de la deuda de ANDE con Itaipú se financia con esos ingresos, y si desaparecen, el Estado deberá cubrir el déficit con más deuda. La coyuntura demuestra que la energía existe, pero las normas se alejan de la minería de Bitcoin en la región.
Argentina: Vaca Muerta tiene el recurso, pero carece de reglas para Bitcoin
Argentina posee probablemente el mejor recurso geológico de los cinco casos: el gas de venteo de Vaca Muerta, en la Patagonia. Aun así, la participación del país en la minería global cayó cerca de un 30% interanual en 2026. Este descenso se debió a que Bitfarms, una de las mayores empresas mineras de Norteamérica, apagó un sitio de 40 megavatios en el país. La misma firma se renombró como Keel Infrastructure para abandonar Bitcoin y dedicarse a infraestructura de IA en Estados Unidos. El caso expone que el capital no huyó por el subsuelo, sino por una migración global hacia la IA que el Gobierno no quiso o no pudo frenar. Existen iniciativas a pequeña escala, como la planta de YPF Luz junto a Genesis Digital Assets (7 megavatios) o la de Unblock (12 + 8,7 megavatios), pero el problema de fondo son los decretos 450, 451 y 452 de 2025, que desregulan el mercado eléctrico general sin crear una tarifa especial para Bitcoin. El RIGI (régimen de estabilidad fiscal) solo aplica a inversiones superiores a 200 millones de dólares, una cifra inalcanzable para casi todos los mineros. Sin tarifa especial ni beneficio impositivo, minar en Vaca Muerta exige duplicar el trabajo: instalar la planta, asegurar el gas propio y operar fuera de la red pública.
Venezuela: el cuello de botella está en Washington
Venezuela reúne la mayor abundancia energética de los cinco casos: hidroelectricidad varada en Guri y Caroní, y gas asociado quemado en la faja del Orinoco. No obstante, ese recurso no se traduce en minería de Bitcoin porque la restricción no es eléctrica, sino una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. En marzo de 2026, OFAC habilitó ciertos bienes y servicios para la generación eléctrica venezolana, pero no autoriza explícitamente la minería de Bitcoin y prohíbe nuevas sociedades conjuntas con capital extranjero. Para minar hoy en Venezuela se necesita una licencia de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y pagar la electricidad por la capacidad declarada, no por el consumo real. No hay tarifa preferencial ni ley de estabilidad fiscal. La única certeza es que ninguna regla local importa mientras la licencia decisiva la firme un país extranjero.
Bolivia: un subsidio, no una industria regulada
Según informes locales, el Estado boliviano vende gas natural en el mercado interno a 1,30 dólares por millón de BTU, frente a los 8-12 dólares del mercado internacional. Esa diferencia de precio, no un recurso excepcional, es lo que hizo rentable la minería de Bitcoin en el país. No existe una ley boliviana específica sobre minería; empresas como Alps acceden a contratos directos con generadoras, sin pasar por la red pública. Sin embargo, un subsidio no es legislar para una industria, sino un favor con fecha de vencimiento. Si el ajuste fiscal toca el gas antes de que se apruebe una ley, el negocio boliviano podría colapsar de un día para otro.
Brasil: la excepción que confirma la regla
Brasil es la excepción que valida la tesis. Su recurso es el viento del Nordeste, tan abundante que a veces genera más electricidad de la que la red puede transportar. Esa energía sobrante es lo que atrae a los mineros. Desde 2024, el mercado libre de energía les permite comprarla directamente a los generadores eólicos, sin pagar la tarifa doméstica. Desde mayo de 2026, los ASIC pagan cero impuestos de importación hasta 2028. La minería de Bitcoin en Brasil sigue sin tener una ley propia (la Ley 14.478 de 2022 ni siquiera la menciona), pero le bastaron dos reglas generales: un mercado eléctrico abierto y un arancel bajo. Mientras la región discute si conviene escribir esa regla, el capital que la esperaba ya se muda a otro negocio. Bitfarms, la empresa que apagó parte de la capacidad argentina, hoy se llama Keel Infrastructure y alberga inteligencia artificial, no Bitcoin. La energía sobrante seguirá allí. La pregunta es si alguien querrá comprarla para minar Bitcoin cuando esas reglas por fin lleguen.