La Cámara Uruguaya Fintech (CUF) ha manifestado su respaldo al reciente marco regulatorio sancionado para los prestadores de servicios vinculados a activos virtuales en el país. En un comunicado enviado a medios especializados, la organización destacó las mejoras introducidas tras el proceso de consulta pública liderado por el Banco Central del Uruguay (BCU), subrayando que la normativa final recoge varias de las sugerencias presentadas por el sector.

Un paso hacia la certeza jurídica y la protección del usuario

De acuerdo con la CUF, la nueva regulación brinda un entorno de mayor seguridad legal, fortalece las salvaguardas para los inversores y establece parámetros claros en materias clave como la lucha contra el lavado de dinero, la ciberseguridad y el gobierno corporativo. La entidad valoró especialmente la disposición del BCU al diálogo, señalando que “la versión definitiva incorporó numerosas propuestas impulsadas por la CUF y otros agentes del ecosistema”.

Ajustes relevantes: menores exigencias de capital y plazos extendidos

Entre las modificaciones más notables, la CUF resaltó la reducción de ciertos requisitos de capital en comparación con los borradores iniciales. Asimismo, se alargó el período para que los proveedores en operación inicien su registro hasta el 31 de marzo de 2027. Según la organización, ambas decisiones facilitan una transición más gradual y equitativa, particularmente para empresas locales y startups de menor tamaño.

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Adicionalmente, se introdujeron avances en áreas como la externalización de servicios, la proporcionalidad de ciertas obligaciones y el reconocimiento de diversos modelos tecnológicos. Esto, según la CUF, permite que el marco regulatorio se adapte mejor a la heterogeneidad de servicios y compañías que conforman el ecosistema de activos digitales en Uruguay.

Desafíos pendientes en la implementación

A pesar del respaldo general, la CUF advirtió que comienza una fase de implementación que requerirá colaboración continua con el BCU. La entidad identificó varios puntos que aún necesitan definición, como el tratamiento de nuevos modelos de custodia, los servicios descentralizados, los proveedores extranjeros, la interoperabilidad y el acceso de las empresas reguladas al sistema bancario.

Finalmente, la CUF reiteró su compromiso de seguir trabajando para que la regulación logre sus metas de protección, transparencia e integridad sin frenar la innovación ni crear ventajas desleales para los operadores establecidos en territorio uruguayo.

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