La República Dominicana carece de un marco jurídico completo para las criptomonedas, pero el Estado ya interviene de manera unilateral. Así lo aseguró el diputado Carlos de Pérez Juan, quien calificó la supervisión gubernamental como “negativa”, pues se limita a castigar delitos y cobrar impuestos, sin ofrecer protección legal a los usuarios ni fomentar la innovación.
Una regulación distorsionada que frena el desarrollo
En declaraciones a este medio, el legislador por La Romana explicó que el ecosistema bitcoin (BTC) no opera en un vacío normativo, sino bajo un esquema incompleto. “El Estado ya regula, pero de forma negativa: sanciona mediante el Código Penal por estafas y usos indebidos, y grava con la ley 30-26. No hay una política que impulse el mercado”, afirmó. Esta dinámica, según de Pérez, genera barreras para la adopción tecnológica y el comercio cotidiano con criptoactivos.
Los usuarios enfrentan incertidumbre al realizar transacciones en muchos espacios, lo que limita el crecimiento del sector. A pesar de la ausencia de una ley integral, más de 140 establecimientos comerciales en el país ya aceptan bitcoin como medio de pago, impulsados por organizaciones como Bitcoin Dominicana.
Proyectos legislativos estancados y esperanza de avance
La propuesta de ley presentada por de Pérez en marzo de 2026 —titulada “Proyecto de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas”— busca eliminar las zonas grises. Sin embargo, el avance legislativo se ha visto afectado por el fallecimiento del diputado Jorge Frías, quien impulsaba otra iniciativa similar. Ambas propuestas se fusionaron y ahora reposan en la Comisión de Hacienda del Congreso.
El diputado confía en que la actual legislatura, que recién comienza, permita retomar el debate. “Tenemos tiempo suficiente para desarrollar una hoja de ruta y lograr una ley aprobada, pero necesitamos la participación activa de emprendedores, promotores y técnicos del sector”, señaló. De Pérez reconoció que el desconocimiento entre sus pares legisladores es una de las principales trabas, y que la desinformación genera temor hacia las criptomonedas.
Riesgo de sobrerregulación y llamado a la escucha técnica
El diputado advirtió que una normativa excesivamente detallada podría asfixiar el mercado. “Si sobrerregulamos, la ley podría ser aprobada pero no surtiría el efecto deseado. Debemos escuchar a los especialistas y adaptar el texto a la realidad del ecosistema”, afirmó. Por ello, Bitcoin Dominicana ya participó en consultas técnicas, y se espera que la Comisión de Hacienda se reúna en los próximos 15 días para definir su conformación.
El futuro de la regulación de bitcoin en República Dominicana dependerá de la voluntad política y de la capacidad de los legisladores para armonizar las necesidades del mercado con la seguridad jurídica. Mientras tanto, los usuarios y empresas del sector siguen operando bajo un marco punitivo que no ofrece certezas.