Una nueva batalla legislativa se está gestando en Washington, y esta vez el campo de juego es el complejo terreno de la tributación de activos digitales. El jueves, dos representantes de distintos partidos —el republicano Max Miller de Ohio y el demócrata Steven Horsford de Nevada— presentaron un borrador bipartidista que busca poner orden en la aplicación del código tributario a las criptomonedas. La propuesta, bautizada como Digital Asset PARITY Act, promete claridad para el sector, pero ya ha desatado las primeras trincheras.
El texto, que aún se encuentra en fase de discusión, aborda desde el tratamiento de las stablecoins hasta los préstamos de tokens y las recompensas por staking. Sin embargo, lo que debería ser un avance hacia la certeza regulatoria se ha convertido en un campo minado. El Bitcoin Policy Institute, una organización con fuerte influencia en la defensa de la criptomoneda original, salió al cruce con duras críticas: el proyecto, sostienen, contiene un sesgo evidente a favor de las redes Proof-of-Stake (PoS) en detrimento del modelo Proof-of-Work (PoW) que sustenta a Bitcoin.
La controversia expone una tensión de fondo que lleva años gestándose en el ecosistema. A medida que los activos digitales maduran y ganan presencia en los mercados financieros tradicionales, la presión sobre los legisladores para actualizar normas tributarias diseñadas en una era precripto se vuelve cada vez más urgente. Pero cada ajuste, por técnico que parezca, puede inclinar la balanza hacia uno u otro modelo de red, y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Qué trae el PARITY Act sobre la mesa
El borrador, que lleva el título completo de Digital Asset Protection, Accountability, Regulation, Innovation, Taxation, and Yields Act, aborda varios frentes que hasta ahora habían quedado en zonas grises para los contribuyentes y las empresas del sector.
Uno de los puntos más llamativos es el tratamiento de las stablecoins. La propuesta plantea eliminar la declaración de ganancias o pérdidas en transacciones con tokens estables de pago regulados, siempre que su valor no se desvíe más de un 1% respecto al dólar. La lógica es sencilla: si el activo mantiene una paridad casi perfecta con la moneda fiduciaria, gravar cada pequeña operación genera una fricción administrativa que no se justifica con el escaso rendimiento económico real. Para los usuarios cotidianos, esta disposición podría simplificar enormemente el uso de stablecoins como medio de intercambio.
Otro apartado relevante apunta a los inversionistas extranjeros. El proyecto extiende a los activos digitales ciertas disposiciones de puerto seguro que ya existen para otros instrumentos financieros. En concreto, aclara que los activos digitales mantenidos en cuentas registradas en Estados Unidos por inversores domiciliados en el extranjero no quedarían bajo la jurisdicción tributaria estadounidense, un punto que busca atraer capital internacional sin generar cargas fiscales inesperadas.
En materia de préstamos de criptomonedas, el borrador adopta un criterio que armoniza con el tratamiento de los valores tradicionales: los contribuyentes no tendrían que reconocer ganancias o pérdidas de capital al transferir activos digitales en el marco de acuerdos de préstamo. Esta disposición elimina una de las principales fuentes de incertidumbre para quienes participan en mercados de crédito dentro del ecosistema.
La iniciativa también se mete de lleno en un terreno que los reguladores vienen observando con atención desde hace años: las operaciones de lavado o wash trading. Actualmente, las prohibiciones en esta materia aplican a "acciones o valores", pero el proyecto propone extenderlas a cualquier activo digital, cerrando así un vacío legal que ha sido utilizado para generar pérdidas fiscales artificiales mediante ventas y recompras simultáneas.
El corazón de la polémica: el staking bajo la lupa
Pero el punto que ha encendido todas las alarmas es el tratamiento fiscal del staking. El borrador permitiría a los denominados "stakers pasivos" diferir el pago de impuestos sobre las recompensas obtenidas por participar en la validación de redes Proof-of-Stake. Bajo este esquema electivo, los ingresos por staking solo tributarían en el momento en que el contribuyente disponga de ellos, mientras que los costos asociados podrían capitalizarse.
Durante el período de la elección, las recompensas serían tratadas como ingreso ordinario, para luego convertirse en ganancias de capital a largo plazo. Esta estructura busca responder a una de las preguntas que más dolores de cabeza ha generado entre los contribuyentes y sus asesores fiscales: ¿cuándo y cómo deben declararse los rendimientos generados por el staking?
Para muchos observadores, esta sección representa un intento genuino de despejar una zona gris que ha generado incertidumbre durante años. Sin embargo, desde la óptica del Bitcoin Policy Institute, el problema es que el proyecto crea un régimen de privilegio para un modelo de consenso en detrimento de otro.
Bitcoin contraataca: "Esto no es neutralidad tecnológica"
La crítica de la organización alineada con la defensa de Bitcoin es tajante. A sus ojos, el PARITY Act otorga un tratamiento fiscal favorable a las redes Proof-of-Stake que no tiene correlato para el Proof-of-Work. Y esa diferencia, sostienen, no es un mero detalle técnico, sino una distorsión del mercado que podría influir en dónde se despliega el capital y qué modelos de red terminan consolidándose como dominantes.
El argumento toca una fibra sensible dentro del ecosistema cripto. La idea de neutralidad tecnológica ha sido un principio ampliamente invocado para pedir que las leyes no favorezcan un diseño de red sobre otro, especialmente cuando distintos mecanismos de consenso compiten por usuarios, capital e influencia política. Para los defensores de Bitcoin, cualquier ventaja fiscal específica para el staking es, por definición, una violación de ese principio.
Sin embargo, los redactores del proyecto podrían argumentar que no se trata de un capricho, sino de una diferencia estructural insoslayable entre ambos sistemas. El staking implica que los validadores bloqueen capital —es decir, sus propios activos digitales— para garantizar la seguridad de la red. Ese compromiso de capital tiene implicancias económicas que no tienen un correlato directo en el modelo Proof-of-Work, donde los mineros invierten en hardware y consumo energético.
En otras palabras, la discusión no es solo fiscal. También es técnica y, en cierta medida, filosófica. El legislador que intenta adaptar la ley tributaria a la realidad de los activos digitales se enfrenta a actividades que, aunque comparten el mismo sector, no siempre tienen una naturaleza económica idéntica. Lo que para unos es una injusticia, para otros es una necesidad técnica.
Lo que viene: negociaciones abiertas y un sector atento
El PARITY Act, por ahora, no es más que un borrador de discusión. Ese estatus es crucial porque abre la puerta a observaciones de la industria, grupos de política pública y otros actores interesados antes de que eventualmente se convierta en un proyecto de ley formal. La reacción del Bitcoin Policy Institute es apenas el primer disparo en lo que promete ser una negociación extensa.
El desacuerdo actual anticipa nuevas rondas de debate. Los defensores de Bitcoin buscarán introducir modificaciones que equiparen el tratamiento fiscal entre distintos modelos de consenso, o al menos que eviten lo que consideran una ventaja indebida para las redes PoS. Por su parte, los impulsores del proyecto tendrán que evaluar si las críticas tienen fundamento técnico suficiente como para justificar ajustes.
Más allá de la disputa particular, lo que queda claro es que la tributación de activos digitales en Estados Unidos está entrando en una fase de definiciones concretas. Después de años de incertidumbre y de respuestas fragmentadas desde distintas agencias, el Congreso comienza a moverse con propuestas que buscan establecer reglas claras. El hecho de que el primer borrador de envergadura ya genere controversia dentro del propio ecosistema es, paradójicamente, una señal de que la industria ha madurado lo suficiente como para tener intereses divergentes y capacidad para defenderlos en la arena legislativa.
El camino hacia una ley tributaria para las criptomonedas recién comienza. Y en ese camino, la disputa entre Bitcoin y las redes de staking es apenas el primer capítulo de una historia que promete muchas más tensiones antes de llegar a su desenlace.