La persistente lucha por preservar la esfera privada frente al poder estatal y su aparato recaudador no siempre responde a la intención de ocultar algo o a un apego egoísta al dinero. Ejemplo de ello es Francia, donde un ciberdelincuente sustrajo credenciales, accedió a los sistemas de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) y se apoderó de 678.438 registros de información personal de los contribuyentes. Este incidente revela que, incluso bajo la tutela del Estado, supuesto garante de los derechos, la privacidad se convierte en un asunto de seguridad vital.
El derecho a la intimidad frente al fisco
El derecho al secreto es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que prohíbe injerencias arbitrarias en la vida privada. La legislación francesa también lo recoge en el artículo 9 de su Código Civil. Sin embargo, la aplicación de estos principios se vuelve relativa cuando el fisco y el gobierno intervienen.
El artículo 1729 B del Código General Tributario francés (CGI) establece un límite concreto a la confidencialidad. Omitir datos formales y obligatorios acarrea multas de 15 euros por cada información no declarada, con un tope acumulable de 10.000 euros. Si un contribuyente simula o falsea su domicilio fiscal, se enfrenta a acusaciones de fraude fiscal deliberado, que conllevan un recargo del 40% al 80% sobre la cantidad defraudada y riesgo de prisión. A esto se añaden recargos por demora del 0,20% mensual, que aumentan con el retraso.
¿Cómo es posible que las leyes conviertan la privacidad en una excepción, sacrificando la libertad individual en aras de los intereses económicos del país? Esto se logra gracias al artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que permite restringir los derechos de privacidad en favor del interés fiscal y económico nacional. De este modo, el marco legal desmantela el carácter absoluto del derecho a la intimidad, pues el secreto solo se tolera hasta que encubre delitos.
Confidencialidad como cuestión de supervivencia
Cuando el derecho a la privacidad no es absoluto, la confidencialidad se vuelve una cuestión de vida o muerte. Un solo dato, como una dirección domiciliaria, filtrado a manos de hackers y delincuentes, multiplica la exposición del individuo a riesgos reales: desde visitas no deseadas y llamadas de extorsión hasta intentos de acceso por fuerza bruta a cuentas de correo electrónico.
Dado que la entrega de datos es obligatoria y sensible, el gobierno adquiere la responsabilidad implícita, aunque rara vez la reconozca o pida disculpas por su incumplimiento, de proteger esa información para que no caiga en manos tan peligrosas como las suyas. La Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) invierte entre 100 y 200 millones de euros anuales en proteger las redes estatales y sus operadores clave, incluida la DGFiP. Sin embargo, al hacker conocido como ZeroBytes le bastó robar una identidad y usar una VPN para acceder a ingresos laborales, direcciones, nombres, fechas de nacimiento, teléfonos y correos electrónicos, que luego puso a la venta. La confidencialidad que el Estado debía garantizar falló estrepitosamente.
Esto no significa que el ciudadano perjudicado por el fallo estatal pueda recuperar su derecho absoluto a la intimidad. La evidencia muestra que el gobierno no ha concedido mayor privacidad a los ciudadanos cuando falla en la custodia de sus datos. Al contrario, la tendencia es aumentar su ambición, exigir más información y reforzar los controles y límites, como se observa con DAC8 y Chat Control.
En este punto, el individuo queda atrapado en un círculo vicioso. El gobierno obliga a revelar, pero no garantiza la confidencialidad de lo revelado. Cuando él mismo falla, exige más datos, porque la Unión Europea avanza hacia la cibervigilancia masiva y solo refuerza controles, sin eliminarlos.
En este contexto, un ciudadano no puede negarse a cumplir con el gobierno sin ser declarado enemigo del país y del bien común; pero si cumple, sus derechos fundamentales a la privacidad no están garantizados. Una brecha de datos lo expone a un nuevo peligro: la ciberdelincuencia, y a uno antiguo: un gobierno que puede tender a la arbitrariedad.