La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, considera que las posibilidades de que el gobierno estadounidense adquiera bitcoin (BTC) directamente para incrementar su reserva estratégica son reducidas. En una conversación reciente con el programa Trade Secrets de Cointelegraph, la ejecutiva subrayó que, pese a la orientación favorable hacia el criptoactivo bajo la administración de Donald Trump, una iniciativa de compra estatal enfrentaría serias trabas políticas y de presupuesto.
Obstáculos políticos y fiscales
Durante la entrevista, difundida el 21 de agosto de 2026, Chen afirmó: “Desde un ángulo político, sencillamente no vislumbro que esto suceda en el corto plazo”. La declaración se refiere a la eventual adquisición de BTC por parte del Tesoro de Estados Unidos. La ejecutiva argumentó que, aunque el sector ejecutivo muestra simpatía por las criptomonedas, faltan consensos parlamentarios y recursos fiscales para materializar una compra directa en el mercado.
Reserva actual: sin compras directas
La Reserva Estratégica de bitcoin fue instaurada mediante una orden ejecutiva que Trump firmó el 6 de marzo de 2025. Dicha normativa instruyó al gobierno a retener todos los BTC que ya estaban bajo su control –procedentes en su mayoría de decomisos y embargos– y vetó su venta. Asimismo, autorizó la exploración de vías para aumentar las tenencias a través de métodos fiscalmente neutros, es decir, sin generar un desembolso neto para los contribuyentes.
Hasta la fecha, no se ha implementado ningún programa de compras en los exchanges o mercados over-the-counter. Según datos de Bitcoin Treasuries, el gobierno estadounidense posee aproximadamente 328.372 BTC, aunque otras fuentes de la industria reducen esa cifra a un rango de 198.000 a 200.000 BTC, debido a diferencias en los criterios de contabilidad de activos incautados.
El efecto sobre el mercado: freno a la oferta, no a la demanda
La ausencia de compras activas limita considerablemente el impacto de la reserva en el ecosistema. Al mantener los BTC confiscados, la autoridad estatal evita que esos tokens retornen al flujo circulante, pero no genera una presión compradora adicional que impulse el precio. En palabras de Chen, la reserva actúa más como un elemento que restringe la oferta gubernamental que como un motor de demanda.
Propuestas legislativas y voces a favor de la acumulación
Este panorama contrasta con el proyecto de ley conocido como BITCOIN Act, impulsado por la senadora Cynthia Lummis, el cual planteaba adquirir hasta 1 millón de BTC en un período de cinco años. Sin embargo, la iniciativa no se ha traducido en una política activa de compras. Por otro lado, figuras como Cathie Wood, de ARK Invest, y Michael Saylor, de Strategy, han defendido la conveniencia de que Estados Unidos lleve a cabo una acumulación soberana de gran escala. Wood sostiene que los bitcoins decomisados son insuficientes para construir una reserva significativa, mientras que Saylor propone compras de hasta 1 millón de BTC mediante mecanismos que no afecten el déficit fiscal.
Conclusión: la reserva, un estatus sin impulso comprador
Para Gracy Chen, el verdadero límite de la estrategia estadounidense no reside en la capacidad de custodiar los activos digitales incautados, sino en la falta de voluntad política y de margen presupuestario para convertir esa tenencia estática en una dinámica de acumulación soberana. Mientras no se concreten adquisiciones en el mercado abierto, la reserva continuará funcionando como un freno a la oferta estatal, sin convertirse en un catalizador de la demanda.